Algunos operadores de telefonía móvil no proceden a cancelar el contrato de un cliente fallecido si no se abona una penalización en el supuesto de que se rompa el periodo de permanencia que aún estuviera vigente. Los consumidores entienden esta práctica como indecente e ilegal.
Se ha demostrado en multitud de ocasiones que uno de los aspectos más valorados por los clientes de telefonía es la atención y el trato recibido por parte de su compañía, y la capacidad de ofrecer soluciones respecto a problemas de facturación, caída del servicio o cualquier otro tipo de incidencia. Aunque las operadoras de telecomunicaciones tienen esto muy presente, muchas veces la balanza se inclina más por el lado económico y se antepone la obtención de nuevos ingresos a la satisfacción de los propios s.
Tal vez uno de los casos más llamativos en los que sucede este hecho, sea la penalización por quebrantar la permanencia cuando fallece el que tenía contratado el servicio. Cuando un miembro de la familia o un amigo fallece, es normal que tras el duelo, una persona allegada se encargue de la gestión de este tipo de servicios. Pero en muchas ocasiones, cuando se quiere proceder a dar de baja el servicio de telefonía móvil, muchos operadores condicionan la cancelación del contrato al pago de la penalización que supone haber roto la permanencia vigente.
Dependiendo del tiempo que reste hasta la
La mayoría de operadores ha cobrado este concepto en alguna ocasión
Ahora bien, ¿significa esto que estas penalizaciones deban ser asumidas por los familiares de las víctimas? En el caso de que se vinculara un terminal móvil subvencionado o gratis al periodo de permanencia, el dispositivo deberá ser restituido al operador para quedar libre de la penalización. Pero de otro modo, los familiares no pueden heredar esta penalización. Un caso distinto es el de las deudas contraídas con la compañía por el , ya que estas sí que serían aceptadas a través de la herencia. Lo cierto es que esta problemática no es exclusiva de ningún operador en particular ya que prácticamente todos han recurrido a ella pero asociaciones como OCU, defienden que no existe un respaldo legal que la justifique.
